Más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca experimentaron un aumento en sus facturas de gas natural de hasta un 36%. Vanti, la principal distribuidora del país, atribuyó este incremento a la necesidad de importar gas debido a una supuesta escasez nacional.

Sin embargo, una investigación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reveló que Vanti contaba con contratos vigentes con Ecopetrol que garantizaban el suministro nacional suficiente . La empresa habría reportado de forma irregular una disponibilidad menor para justificar la importación de gas más costoso, elevando así las tarifas a los usuarios.

Como resultado, la Superintendencia ordenó a Vanti reembolsar el total del dinero cobrado indebidamente entre enero y febrero de 2025. Además, se activó por primera vez un programa de gestión para asegurar mejoras en la prestación del servicio.
Desde una perspectiva financiera, este caso destaca la importancia de la transparencia y la ética en la gestión de servicios públicos. La falta de claridad en la justificación de los aumentos tarifarios no solo afecta la confianza de los usuarios, sino que también puede tener repercusiones legales y económicas significativas para las empresas involucradas.

¿Son estas medidas tomadas por la Superintendencia suficientes para proteger a los usuarios y garantizar la transparencia en el sector energético?
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